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La Dirección del Trabajo se pronunció sobre el descuento del aporte sindical destinado…

Dictamen · Dirección del Trabajo · 1996

Resumen

La Dirección del Trabajo se pronunció sobre el descuento del aporte sindical destinado a organizaciones de grado superior, como federaciones y confederaciones. Concluye que el empleador sólo debe practicar estos descuentos y depositar los fondos en la cuenta de la organización superior cuando exista autorización escrita del trabajador afiliado, o cuando el presidente o tesorero de la organización sindical base lo notifique. Asimismo, el monto de la cuota que los socios destinarán a la organización superior debe aprobarse por votación secreta en la misma asamblea que aprueba la afiliación. Por ser los descuentos una materia de orden público vinculada a la protección de las remuneraciones, deben interpretarse restrictivamente, por lo que los representantes de las organizaciones de grado superior no están facultados por la ley para requerir directamente al empleador dichos descuentos.

Normas citadas

  • Código del Trabajo
  • Artículo 261 del Código del Trabajo

Preguntas frecuentes

¿El empleador puede descontar el aporte sindical para una federación o confederación sin autorización del trabajador?

No. En este dictamen, la Dirección del Trabajo concluye que el empleador solo debe practicar estos descuentos y depositar los fondos en la cuenta de la organización superior cuando exista autorización escrita del trabajador afiliado, o cuando el presidente o tesorero de la organización sindical base lo notifique.

¿Quién debe aprobar el monto de la cuota que los socios destinan a una organización sindical de grado superior?

Según este dictamen, el monto debe aprobarse por votación secreta en la misma asamblea que aprueba la afiliación a la organización superior. Así lo sostiene la Dirección del Trabajo en este caso.

¿Los representantes de una federación o confederación pueden exigir directamente al empleador el descuento de las cuotas sindicales?

No. La Dirección del Trabajo sostiene en este caso que, por tratarse de descuentos de orden público vinculados a la protección de las remuneraciones, deben interpretarse restrictivamente, y que la ley no faculta a los representantes de las organizaciones de grado superior para requerirlos directamente al empleador.

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