Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre dos materias municipales. Por una parte, reconoció que los jueces de policía local tienen derecho al pago de la asignación de mejoramiento a la gestión municipal, en las condiciones que indica el dictamen. Por otra, analizó la contratación a honorarios de un funcionario municipal que ejercía un cargo como subrogante en la misma municipalidad de San Pedro. Concluyó que no existe norma que impida contratar a honorarios a esa persona, pero que las tareas encomendadas debían realizarse fuera de su jornada laboral ordinaria, lo que no quedó acreditado, por lo que el municipio debe informar su cumplimiento en quince días hábiles. Además, determinó que el pago de servicios de atención legal a vecinos no correspondía imputarlo al subtítulo 21, ítem 04, asignación 004, porque no se vinculaba a un programa comunitario concreto exigido por el decreto N° 854, de 2004, del Ministerio de Hacienda, y ordenó ajustar el actuar futuro a la legalidad.