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La Contraloría General de la República se pronunció sobre la facultad de la Intendencia…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2012

Resumen

La Contraloría General de la República se pronunció sobre la facultad de la Intendencia de Prestadores de Salud para fiscalizar el cumplimiento de la prohibición de condicionar la atención de salud al otorgamiento de cheques o a la entrega de dinero en efectivo, establecida por la ley N° 20.394. El dictamen señala que el artículo 121 del DFL N° 1 de 2005 radica directamente en esa Intendencia la atribución de fiscalizar y sancionar dicha infracción, y que el artículo 126 le otorga amplias facultades de inspección y acceso a documentación. Respecto de un recurrente, no se acreditó que los procedimientos hubieran vulnerado esas normas ni el debido proceso. Además, se precisó que la circular IP/N° 1 de 2011 fue dejada sin efecto por otra de 2026, y que la imputación de un comportamiento reprochable por oficio constituye un acto administrativo. En consecuencia, la Contraloría concluyó que lo actuado por la Superintendencia de Salud no se apartó de la normativa vigente.

Normas citadas

  • DFL 1/2005 Salud art/141 bis
  • DFL 1/2005 Salud art/121 inc/1
  • ley 20394
  • DFL 1/2005 Salud art/173 inc/7
  • DFL 1/2005 Salud art/173 bis
  • DFL 1/2005 Salud art/112
  • DFL 1/2005 Salud art/113
  • DFL 1/2005 Salud art/126
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Puede la Superintendencia de Salud fiscalizar la prohibición de condicionar la atención de salud al pago con cheques o en efectivo?

Sí. La Contraloría sostuvo que el artículo 121 del DFL N° 1 de 2005 radica directamente en la Intendencia de Prestadores de Salud la atribución de fiscalizar y sancionar esa infracción, y que el artículo 126 le otorga amplias facultades de inspección y acceso a documentación.

¿Una circular de la Superintendencia de Salud que fue derogada sigue siendo aplicable?

No. El dictamen precisó que la circular IP/N° 1 de 2011 fue dejada sin efecto por otra posterior, de 2026, y que la imputación de un comportamiento reprochable por oficio constituye un acto administrativo.

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