La Contraloría General de la República se pronunció sobre la facultad de la Superintend…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2015
Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la facultad de la Superintendencia de Salud, a través de su Intendencia de Prestadores de Salud, para calificar si una atención médica constituyó una emergencia o urgencia vital. El organismo concluyó que dicha Intendencia actuó dentro del marco de sus atribuciones al dictar la resolución exenta IP N° 488, de 2013, mediante la cual se determinó que el caso no correspondía a un cuadro de urgencia vital o secuela funcional grave, por lo que se ajustó a derecho exigir al paciente una garantía de pago por los servicios otorgados. Lo anterior, en virtud de la labor fiscalizadora que la ley le confiere para velar por el cumplimiento de la prohibición de condicionar atenciones de emergencia, pudiendo sancionar las infracciones con multas. Se ordenó transcribir el dictamen a la Superintendencia de Salud.
Normas citadas
dfl 1/2005 SALUD art/141 inc/2
dfl 1/2005 SALUD art/121 num/11
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿Puede la Superintendencia de Salud calificar si una atención médica fue de emergencia o urgencia vital?
Sí. En este caso, la Contraloría General de la República concluyó que la Intendencia de Prestadores de Salud de la Superintendencia de Salud actuó dentro de sus atribuciones al determinar que la atención no correspondía a un cuadro de urgencia vital o secuela funcional grave.
¿Es legal exigir una garantía de pago por una atención médica que la Superintendencia calificó como no urgente?
Según este dictamen, sí. La Contraloría sostuvo que, al no tratarse de una emergencia calificada como tal, se ajustó a derecho exigir al paciente una garantía de pago por los servicios otorgados.
¿Qué facultad fiscalizadora tiene la Superintendencia de Salud para vigilar la prohibición de condicionar atenciones de emergencia?
En este caso, la Contraloría señaló que la ley confiere a la Superintendencia de Salud una labor fiscalizadora para velar por esa prohibición, pudiendo sancionar las infracciones con multas.
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