El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2021
Resumen
El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad contra el artículo 318 del Código Penal, que sanciona la infracción de disposiciones sanitarias dictadas en contexto de emergencia. La mayoría sostuvo que el tipo penal es una ley penal en blanco propia, cuyo núcleo de conducta depende de reglas sanitarias de rango administrativo, lo que a su juicio vulnera el principio de legalidad y tipicidad del artículo 19 N° 3, inciso noveno, de la Constitución. Sin embargo, al resolver el caso concreto, el Tribunal rechazó el requerimiento respecto de la gestión pendiente, por cuanto los delitos imputados al requirente se enmarcan en la potestad del legislador para excluir el acceso a penas sustitutivas, sin que ello resulte desproporcionado ni discriminatorio. La decisión final fue acoger parcialmente el requerimiento, sin que el resumen interno pueda extenderse a un efecto de inaplicabilidad que no se verifica en la parte resolutiva.
Normas citadas
artículo 318, de Código Penal
artículo 19, inciso primero, numeral 2, de Ley N° 19.537
artículo 19, inciso primero, numeral 3, de Ley N° 19.537
Tribunal ConstitucionalINApenas sustitutivasley de control de armasPrincipio de proporcionalidad de la PenaIgualdad ante la LeyDeterminación de la penaReinserción social
Preguntas frecuentes
¿El artículo 318 del Código Penal, que sanciona infracciones de disposiciones sanitarias en emergencia, es constitucional por ser una ley penal en blanco?
En este caso, el Tribunal Constitucional, por mayoría, sostuvo que el tipo penal es una ley penal en blanco propia cuyo núcleo depende de reglas sanitarias administrativas, lo que a su juicio vulnera el principio de legalidad y tipicidad del artículo 19 N° 3 de la Constitución.
¿Procede la inaplicabilidad del artículo 318 del Código Penal si la mayoría estima que vulnera el principio de legalidad penal?
En este caso, aunque la mayoría sostuvo la vulneración del principio de legalidad, el Tribunal rechazó el requerimiento respecto de la gestión pendiente, porque los delitos imputados se enmarcan en la potestad del legislador para excluir el acceso a penas sustitutivas.
¿El legislador puede excluir el acceso a penas sustitutivas en delitos sanitarios sin afectar la igualdad ante la ley?
En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que esa exclusión está dentro de la potestad del legislador y no resulta desproporcionada ni discriminatoria respecto de los delitos imputados al requirente.
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