El Tribunal Constitucional se pronunció sobre requerimientos de inaplicabilidad por inc…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2018
Resumen
El Tribunal Constitucional se pronunció sobre requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad vinculados al artículo 19, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, que excluye la aplicación de penas sustitutivas para ciertos delitos, y al artículo 17 B, inciso segundo, de la Ley N° 17.798, sobre control de armas, que establece un marco penal más rígido. La mayoría estimó que el legislador puede fijar la política criminal dentro de los límites constitucionales, que las penas sustitutivas no constituyen un derecho subjetivo del condenado, y que el marco penal más severo no vulnera la proporcionalidad, la igualdad ante la ley, la culpabilidad ni la dignidad personal, pues el juez conserva la facultad de individualizar la pena dentro del rango legal. La decisión fue de acogimiento parcial, y la comunicación del fallo fue remitida al Senado y a la Cámara de Diputados.
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Preguntas frecuentes
¿Puede el legislador excluir las penas sustitutivas para ciertos delitos sin vulnerar la Constitución?
En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que el legislador puede fijar la política criminal dentro de los límites constitucionales y que las penas sustitutivas no constituyen un derecho subjetivo del condenado. Por ello, la exclusión establecida en el artículo 19, inciso segundo, de la Ley N° 18.216 no fue considerada inconstitucional.
¿Un marco penal más severo para un delito de control de armas vulnera la proporcionalidad o la igualdad ante la ley?
En este caso, el Tribunal Constitucional estimó que el marco penal más rígido del artículo 17 B de la Ley N° 17.798 no vulnera la proporcionalidad, la igualdad ante la ley, la culpabilidad ni la dignidad personal. Lo fundó en que el juez conserva la facultad de individualizar la pena dentro del rango legal.
¿Qué resolvió el Tribunal Constitucional sobre los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en esta sentencia?
En este caso, el Tribunal Constitucional resolvió con un acogimiento parcial de los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, y remitió la comunicación del fallo al Senado y a la Cámara de Diputados. El resumen público no detalla el alcance preciso de la parte acogida.
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