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El Tribunal Constitucional conoció de dos requerimientos de inaplicabilidad por inconst…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2019

Resumen

El Tribunal Constitucional conoció de dos requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en una gestión pendiente. Respecto del artículo 1, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, que excluye ciertas categorías de delitos del beneficio de penas sustitutivas, la mayoría acogió la acción por estimar que esa exclusión total resulta desproporcionada e inequitativa, vulnerando la igualdad ante la ley y el derecho a un procedimiento racional y justo, pues no cumple los fines de reinserción social y protección de la víctima. En cambio, respecto del artículo 17 B, inciso segundo, de la Ley N° 17.798 sobre control de armas, la acción fue rechazada: el Tribunal sostuvo que el legislador tiene primacía en política criminal, que el precepto restringe el marco legal de la pena sin afectar la individualización judicial y que la diferenciación responde a un fin constitucionalmente legítimo, dado el mandato constitucional de control de armas.

Normas citadas

  • artículo 1, inciso segundo, de Ley N° 18.216
  • artículo 17 B, de Ley N° 17.365
  • Constitución Política, artículo 19, numeral 2, inciso primero
  • Constitución Política, artículo 19, numeral 3, inciso sexto
Tribunal ConstitucionalINAPrincipio de proporcionalidad de la Penaley de control de armaspenas sustitutivasIgualdad ante la LeyDeterminación de la penaReinserción social

Preguntas frecuentes

¿Es constitucional excluir de forma absoluta del beneficio de penas sustitutivas a ciertos delitos según la Ley 18.216?

En este caso, el Tribunal Constitucional acogió el requerimiento y estimó que la exclusión total del artículo 1, inciso segundo, de la Ley 18.216 es desproporcionada e inequitativa, vulnerando la igualdad ante la ley y el derecho a un procedimiento racional y justo, pues no cumple los fines de reinserción social y protección de la víctima.

¿El legislador puede restringir el marco legal de la pena para ciertos delitos de porte o control de armas sin vulnerar la Constitución?

En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó la inaplicabilidad del artículo 17 B de la Ley 17.798, al sostener que el legislador tiene primacía en política criminal, que el precepto restringe el marco legal sin afectar la individualización judicial y que la diferenciación responde a un fin legítimo, dado el mandato constitucional de control de armas.

¿Cuándo procede la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de un precepto legal en Chile?

En este caso, el Tribunal Constitucional conoció de dos requerimientos de inaplicabilidad en una gestión pendiente, acogiendo uno respecto de la Ley 18.216 y rechazando el otro respecto de la Ley 17.798, según si el precepto, aplicado al caso concreto, resultaba contrario a la Constitución.

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