Resumen
La Contraloría General de la República analizó la negativa de renovar el vínculo a contrata de un funcionario de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, quien había sido renovado anualmente desde 2015 hasta 2017, lo que generaba para él la confianza legítima reconocida en sus dictámenes N° 22.766 y N° 85.700, de 2016. Conforme a esa jurisprudencia, la no renovación debe constar en un acto administrativo fundado y dictarse a más tardar el 30 de noviembre, no bastando expresiones como "no ser necesarios sus servicios". Como la carta de 30 de noviembre de 2017 solo indicaba que las labores no serían renovadas, la Contraloría concluyó que no se ajustaba a esos criterios. En consecuencia, ordenó a la Dirección acreditar la emisión de un acto administrativo fundado a esa fecha, bajo apercibimiento de que la designación deba prorrogarse por todo el año 2018, y le exigió informar en un plazo de 10 días.