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La Contraloría General de la República rechazó la pretensión de un funcionario que se d…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2018

Resumen

La Contraloría General de la República rechazó la pretensión de un funcionario que se desempeñó como profesor civil en el Ejército entre 1992 y 2017, quien reclamó la no renovación de su contrata. El órgano de control determinó que, si bien al recurrente le resultaba aplicable el principio de la confianza legítima, la decisión de la superioridad militar se ajustó a derecho al emitir un acto administrativo fundado. La motivación se sustentó en antecedentes como una deficiente evaluación del servidor, constancia de reunión, apreciación de cumplimiento de misiones, hoja de vida y una reprensión aplicada, todos conocidos por el interesado. En consecuencia, se desestimó la reclamación.

Normas citadas

  • Resolución exenta N° 1000
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Puede la Administración no renovar la contrata de un funcionario a contrata si tiene una expectativa de continuidad por el principio de confianza legítima?

En este caso, la Contraloría General de la República sostuvo que, aunque el principio de confianza legítima era aplicable al recurrente, la no renovación de su contrata fue ajustada a derecho porque el acto administrativo estaba debidamente fundado en antecedentes conocidos por el interesado, como una evaluación deficiente y una reprensión.

¿Qué antecedentes pueden fundar la decisión de no renovar la contrata de un profesor civil en el Ejército?

Según este dictamen, la motivación se sustentó en una deficiente evaluación del servidor, una constancia de reunión, la apreciación del cumplimiento de misiones, su hoja de vida y una reprensión aplicada, todos antecedentes que el interesado conocía.

¿Procede un reclamo ante la Contraloría por la no renovación de una contrata en la administración militar?

En este caso, la Contraloría General de la República desestimó la reclamación de un funcionario que se había desempeñado como profesor civil en el Ejército y que cuestionaba la no renovación de su contrata, por estimar que la decisión de la superioridad militar se ajustó a derecho.

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