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La Contraloría General de la República se pronunció sobre la reclamación de un funciona…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2017

Resumen

La Contraloría General de la República se pronunció sobre la reclamación de un funcionario contratado del Ejército a quien no se renovó su contrata para el año 2017. El peticionario había sido renovado sucesivamente desde agosto de 2014 hasta diciembre de 2016, lo que generó una confianza legítima de continuidad. La no renovación fue comunicada en noviembre de 2016 y formalizada mediante resolución exenta reservada, que la fundó en una reducción presupuestaria del 15% y en la necesidad de declarar cargos prescindibles. El organismo concluyó que la autoridad militar cumplió con los dictámenes N° 22.766 y 85.700, de 2016, pues expresó en el acto los fundamentos de hecho y de derecho de la decisión impugnada. En lo resolutivo, el pronunciamiento reitera que, para apartarse de la práctica de renovación, la autoridad debe emitir un acto administrativo que explicite sus fundamentos mediante resolución exenta.

ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Un funcionario a contrata tiene derecho a que se le renueve su contrata cuando fue renovado varios años seguidos?

En este caso, la Contraloría sostuvo que las renovaciones sucesivas generaron una confianza legítima de continuidad, por lo que la autoridad debe justificar expresamente cualquier decisión de no renovar. No obstante, el dictamen no declara un derecho automático a la renovación.

¿Qué requisitos debe cumplir la autoridad para no renovar una contrata en el sector público?

Según este dictamen, la autoridad debe emitir un acto administrativo que explicite sus fundamentos de hecho y de derecho mediante resolución exenta. En el caso del Ejército, la Contraloría concluyó que se cumplió con ese requisito al expresar en el acto la reducción presupuestaria y la necesidad de declarar cargos prescindibles.

¿Basta con invocar una reducción presupuestaria para no renovar la contrata de un funcionario?

En este caso, la Contraloría estimó que la reducción presupuestaria del 15% y la necesidad de declarar cargos prescindibles fueron fundamentos suficientes, siempre que se expresaran en el acto administrativo. El pronunciamiento se centra en la motivación formal de la decisión y no en evaluar de forma general la validez de cualquier reducción.

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