Resumen
La Contraloría General de la República reconsideró los oficios N° 202 y 3.979, de 2015, de la Contraloría Regional del Bío-Bío, que habían cuestionado un sumario administrativo y la multa de diez por ciento de la remuneración impuesta a un servidor municipal. El organismo concluyó que el proceso se ajustó a derecho: se practicaron las diligencias necesarias para establecer el hecho imputado, se respetó la defensa del inculpado mediante sus descargos y el recurso de reposición, y se acreditó con declaraciones de testigos y documentos que incumplió sus obligaciones como inspector técnico de obra, al no responder oportunamente las consultas del contratista en el libro de obras y al aprobarse un convenio modificatorio después del plazo contractual. Asimismo, señaló que el alcalde estaba facultado para aplicar la sanción conforme al artículo 63, letra d), de la Ley N° 18.695, en su calidad de titular de la potestad disciplinaria municipal.