Resumen
La Contraloría General de la República rechazó un reclamo de un funcionario municipal que alegaba acoso laboral por la instrucción de un sumario administrativo en su contra, que terminó con la aplicación de una multa del veinte por ciento de su remuneración mensual. El organismo explicó que, al fiscalizar, debe velar por la legalidad del proceso, pero no puede sustituir a la Administración activa en la valoración de la prueba para determinar la responsabilidad disciplinaria, que se aprecia en conciencia conforme a la Ley N° 19.880. Concluyó que la instrucción del sumario fue un ejercicio legítimo de las facultades de la autoridad comunal, sin ilegalidad, arbitrariedad ni acoso laboral. Respecto del control horario y el uso de cámaras de seguridad, remitió dictámenes previos que atribuyen esa determinación a la máxima autoridad edilicia. No se pronunció sobre situaciones de otros servidores municipales por falta de acreditación de la representación.