La Contraloría General de la República desestimó el reclamo de ilegalidad interpuesto c…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2012
Resumen
La Contraloría General de la República desestimó el reclamo de ilegalidad interpuesto contra el decreto 6464/2011 de la Municipalidad de Maipú, que aplicó a un funcionario municipal una multa del cinco por ciento de su remuneración mensual, conforme a los artículos 120 letra b) y 122 letra a) de la Ley 18.883. El organismo señaló que la apreciación del mérito probatorio corresponde a quien sustancia el proceso disciplinario y a la autoridad que ejerce la potestad disciplinaria, y no al ente fiscalizador. Respecto de la comunicación de un funcionario sobre la distribución de los costos de reparación de un vehículo siniestrado, indicó que esa determinación implica interpretar el contrato, asunto ajeno al proceso administrativo. Sobre la demora en la tramitación del sumario, precisó que los plazos de la Ley 18.883 no son esenciales, aunque el fiscal instructor y la unidad jurídica municipal deben velar por su cumplimiento. Por ello se rechazó el reclamo y se ordenó restituir el decreto con sus antecedentes sumariales.
Normas citadas
ley 18883 art/120 lt/b
ley 18883 art/122 lt/a
ley 18695 art/53
ley 18883 art/156
ley 18883 tit/V
ley 18883 art/58
ley 18883 art/61 lt/a
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿Los plazos de tramitación de un sumario administrativo en la Ley 18.883 son esenciales, de modo que su incumplimiento invalide la sanción?
En este caso, la Contraloría General de la República sostuvo que los plazos de la Ley 18.883 no son esenciales, aunque el fiscal instructor y la unidad jurídica municipal deben velar por su cumplimiento. Por ello desestimó el reclamo de ilegalidad.
¿Quién debe apreciar el mérito probatorio en un proceso disciplinario municipal, la Contraloría o la autoridad que sustancia el sumario?
En este caso, la Contraloría señaló que la apreciación del mérito probatorio corresponde a quien sustancia el proceso disciplinario y a la autoridad que ejerce la potestad disciplinaria, y no al ente fiscalizador.
¿Puede la Contraloría pronunciarse sobre la interpretación de un contrato al revisar una sanción disciplinaria municipal?
En este caso, el organismo indicó que determinar la distribución de los costos de reparación de un vehículo implica interpretar el contrato, asunto ajeno al proceso administrativo disciplinario.
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