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El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inconstitucionalidad respecto de…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2019

Resumen

El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inconstitucionalidad respecto de normas que suprimen las penas sustitutivas (como la libertad vigilada o la remisión condicional) para ciertos delitos vinculados al control de armas. La requirente sostenía que esta exclusión vulneraba el principio de igualdad ante la ley y el principio de legalidad de las penas. El Tribunal resolvió acoger parcialmente el requerimiento, señalando que suprimir el cumplimiento alternativo de penas en determinados delitos es una medida racional y no discriminatoria, pues responde a valoraciones sociales del legislador y a la limitación de la discrecionalidad judicial. Además, consideró que la Constitución mandata expresamente el control y supervigilancia de las armas, lo que justifica un tratamiento penal diferenciado respecto de otros bienes jurídicos, por tratarse de finalidades constitucionalmente legítimas.

Normas citadas

  • Constitución Política, artículo 19, numeral 2, inciso primero
  • Constitución Política, artículo 19, numeral 3, inciso sexto
Tribunal ConstitucionalINApenas sustitutivasley de control de armasPrincipio de proporcionalidad de la PenaIgualdad ante la LeyDeterminación de la penaReinserción social

Preguntas frecuentes

¿Es constitucional excluir las penas sustitutivas, como la libertad vigilada o la remisión condicional, en delitos vinculados al control de armas?

En este caso, el Tribunal Constitucional acogió parcialmente el requerimiento y sostuvo que suprimir el cumplimiento alternativo de penas en determinados delitos de control de armas es una medida racional y no discriminatoria. Lo justificó en valoraciones sociales del legislador y en limitar la discrecionalidad judicial.

¿Vulnera el principio de igualdad ante la ley excluir ciertos delitos de penas sustitutivas?

En este caso, el Tribunal consideró que el tratamiento penal diferenciado no vulnera la igualdad ante la ley. Señaló que la Constitución mandata expresamente el control y supervigilancia de las armas, lo que constituye una finalidad constitucionalmente legítima que justifica esa diferencia.

¿Puede el legislador establecer un tratamiento penal distinto para delitos de armas frente a otros bienes jurídicos?

En este caso, el Tribunal Constitucional estimó que sí, porque el control y la supervigilancia de las armas tienen rango constitucional expreso. Por ello, un tratamiento penal diferenciado respecto de otros bienes jurídicos responde a finalidades constitucionalmente legítimas.

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