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Laboral

La Dirección del Trabajo consultó sobre a qué organismo corresponde interpretar y fisca…

Dictamen · Dirección del Trabajo · 1999

Resumen

La Dirección del Trabajo consultó sobre a qué organismo corresponde interpretar y fiscalizar la legislación laboral aplicable a los profesionales de la educación que trabajan en establecimientos traspasados a las municipalidades y administrados directamente por ellas. El dictamen concluye que esa facultad corresponde a la Contraloría General de la República, y no a la Dirección del Trabajo. Para fundarlo, cita jurisprudencia reiterada de la Contraloría (dictámenes de 1991 y 1992 y oficio circular de 1981), según la cual estos trabajadores, aunque se rigen por el Código del Trabajo, mantienen la calidad de servidores públicos por su vínculo con un ente público como la municipalidad. Asimismo, recoge pronunciamientos previos de la propia Dirección del Trabajo que reconocen que carece de competencia respecto de funcionarios traspasados a municipios.

Normas citadas

  • D.F.L. N° 2
  • D.F.L. N° 1
  • Código del Trabajo
  • Circular N° 032357

Preguntas frecuentes

¿Qué organismo fiscaliza la legislación laboral de los profesionales de la educación que trabajan en establecimientos municipales?

En este caso, la Dirección del Trabajo concluyó que esa facultad corresponde a la Contraloría General de la República, y no a la propia Dirección del Trabajo. Lo fundó en la jurisprudencia de la Contraloría.

¿Un profesional de la educación traspasado a una municipalidad sigue siendo servidor público aunque se rija por el Código del Trabajo?

Según este dictamen, sí: aunque estos trabajadores se rigen por el Código del Trabajo, mantienen la calidad de servidores públicos por su vínculo con un ente público como la municipalidad. Así lo sostiene la jurisprudencia de la Contraloría que el dictamen cita.

¿La Dirección del Trabajo tiene competencia para interpretar el Código del Trabajo respecto de funcionarios traspasados a municipios?

En este caso, el dictamen recoge pronunciamientos previos de la propia Dirección del Trabajo que reconocen que carece de competencia respecto de funcionarios traspasados a municipios. Por eso concluye que no le corresponde interpretar ni fiscalizar esa legislación.

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