La Dirección del Trabajo se pronunció sobre su competencia para interpretar y fiscaliza…
Dictamen · Dirección del Trabajo · 1999
Resumen
La Dirección del Trabajo se pronunció sobre su competencia para interpretar y fiscalizar la legislación laboral aplicable a los profesionales de la educación que se desempeñan en establecimientos traspasados a las municipalidades y administrados directamente por éstas. La consulta planteaba si este Servicio podía emitir pronunciamiento sobre esa materia. El dictamen concluye que la Dirección del Trabajo carece de competencia en estos casos, la cual corresponde a la Contraloría General de la República, pues los trabajadores, aunque se rigen por el Código del Trabajo, mantienen la calidad de servidores públicos por su vínculo con un ente público como la municipalidad. Por ello, el Servicio debe abstenerse de emitir el pronunciamiento solicitado, sobre la base de la jurisprudencia de la Contraloría y de sus propios dictámenes previos.
Normas citadas
D.F.L. N° 2
D.F.L. N° 1
Código del Trabajo
Circular N° 032357
Preguntas frecuentes
¿La Dirección del Trabajo puede pronunciarse sobre la legislación laboral de los profesionales de la educación de establecimientos municipales?
No. En este dictamen, la Dirección del Trabajo concluyó que carece de competencia en estos casos, porque los profesionales de la educación de establecimientos traspasados y administrados directamente por municipalidades mantienen la calidad de servidores públicos, aunque se rijan por el Código del Trabajo. Por eso debe abstenerse de pronunciarse.
¿Qué organismo es competente para interpretar la normativa laboral de los docentes de colegios municipales?
Según este dictamen, la competencia corresponde a la Contraloría General de la República. El pronunciamiento se fundó en la jurisprudencia de ese organismo y en dictámenes previos de la propia Dirección del Trabajo.
¿Por qué un trabajador regido por el Código del Trabajo que presta servicios en una municipalidad sigue siendo servidor público?
Este dictamen sostiene que, aunque el trabajador se rige por el Código del Trabajo, mantiene la calidad de servidor público por su vínculo con un ente público como la municipalidad. Esa calidad es la razón por la que la competencia recae en la Contraloría y no en la Dirección del Trabajo.
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