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La Dirección del Trabajo analizó si podía interpretar y fiscalizar la legislación labor…

Dictamen · Dirección del Trabajo · 1999

Resumen

La Dirección del Trabajo analizó si podía interpretar y fiscalizar la legislación laboral aplicable a funcionarios de establecimientos educacionales traspasados a las municipalidades y administrados directamente por éstas. Para ello citó jurisprudencia previa de la Contraloría General de la República, que sostiene que estos trabajadores, aunque se rigen por el Código del Trabajo, mantienen la calidad de servidores públicos por su vínculo con un ente público. En consecuencia, el organismo resolvió que carece de competencia en esta materia, la que corresponde a la Contraloría General de la República, por lo que debe abstenerse de emitir el pronunciamiento solicitado.

Normas citadas

  • D.F.L. N° 2
  • D.F.L. N° 1
  • Código del Trabajo
  • Circular N° 032357

Preguntas frecuentes

¿La Dirección del Trabajo puede fiscalizar la legislación laboral de funcionarios de establecimientos educacionales traspasados a las municipalidades?

En este caso, la Dirección del Trabajo resolvió que carece de competencia, porque estos trabajadores, aunque se rigen por el Código del Trabajo, mantienen la calidad de servidores públicos por su vínculo con un ente público. Por eso debe abstenerse de emitir el pronunciamiento solicitado, materia que corresponde a la Contraloría General de la República.

¿Qué organismo es competente para pronunciarse sobre la situación laboral de docentes y asistentes traspasados a una municipalidad?

En este caso, el dictamen sostiene que la competencia corresponde a la Contraloría General de la República, invocando su jurisprudencia previa. Así, la Dirección del Trabajo se abstiene de intervenir en esta materia.

¿Los trabajadores de establecimientos educacionales administrados por municipalidades se rigen por el Código del Trabajo y siguen siendo servidores públicos?

En este caso, el organismo recoge el criterio de la Contraloría según el cual estos trabajadores se rigen por el Código del Trabajo, pero mantienen la calidad de servidores públicos por su vínculo con un ente público. Esta calificación es la que determinó que la Dirección del Trabajo no fuera competente.

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