Resumen
La Dirección del Trabajo se abstuvo de emitir un pronunciamiento sobre una consulta relativa a funcionarios que prestan servicios en establecimientos educacionales traspasados a las Municipalidades y administrados directamente por éstas. El organismo concluyó que carece de competencia para interpretar y fiscalizar la correcta aplicación de la legislación laboral en esos casos, facultad que corresponde a la Contraloría General de la República. Para fundarlo, invocó dictámenes de la Contraloría de 1991, 1992 y 1981-1984, que sostienen que estos trabajadores, aunque se rigen por el Código del Trabajo, mantienen la calidad de servidores públicos por su vínculo con un ente público. Asimismo, citó sus propios dictámenes de 1991 y 1993 en el mismo sentido. En cambio, el texto contiene un pasaje que reconoce a la Dirección del Trabajo competencia para interpretar y fiscalizar a los profesionales de la educación de establecimientos administrados por Corporaciones del D.F.L. N°, por no revestir la condición de funcionarios públicos.