La Dirección del Trabajo emitió un dictamen en el que concluye que carece de competenci…
Dictamen · Dirección del Trabajo · 2000
Resumen
La Dirección del Trabajo emitió un dictamen en el que concluye que carece de competencia para interpretar y fiscalizar la correcta aplicación de la legislación laboral respecto de los funcionarios que se desempeñan en establecimientos educacionales traspasados a las Municipalidades y administrados directamente por éstas. Para fundar esta conclusión, el organismo se apoyó en jurisprudencia reiterada de la Contraloría General de la República, según la cual los trabajadores de servicios traspasados a la administración municipal, aunque se rigen por el Código del Trabajo, mantienen la calidad de servidores públicos por su vínculo con un ente público y quedan sometidos a la fiscalización contralora. En consecuencia, la Dirección del Trabajo debe abstenerse de emitir el pronunciamiento solicitado, correspondiendo esa facultad a la Contraloría General de la República.
Normas citadas
D.F.L. N° 2
D.F.L. N° 1
Código del Trabajo
Circular N° 032357
Preguntas frecuentes
¿La Dirección del Trabajo puede fiscalizar la aplicación del Código del Trabajo a los funcionarios de colegios traspasados a las municipalidades?
En este caso, la Dirección del Trabajo concluyó que carece de competencia para interpretar y fiscalizar la aplicación de la legislación laboral a esos funcionarios, porque se rigen por el Código del Trabajo pero mantienen la calidad de servidores públicos por su vínculo con un ente público.
¿Quién debe fiscalizar a los trabajadores de establecimientos educacionales administrados directamente por una municipalidad?
En este caso, el organismo sostuvo que esa facultad corresponde a la Contraloría General de la República, según su jurisprudencia reiterada, que somete a esos trabajadores a su fiscalización.
¿Qué debe hacer la Dirección del Trabajo cuando se le pide un pronunciamiento sobre trabajadores municipales traspasados?
En este caso, la Dirección del Trabajo debe abstenerse de emitir el pronunciamiento solicitado, ya que esa facultad corresponde a la Contraloría General de la República.
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