El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inconstitucionalidad y una acció…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2007
Resumen
El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inconstitucionalidad y una acción de cosa juzgada constitucional respecto del artículo 96 del Código de Minería, aplicado en un proceso civil pendiente ante el Juzgado de Letras de María Elena y luego ante la Corte Suprema. La actora sostenía que la norma vulneraba los artículos 19 N° 24, 93 N° 1 y 94 de la Constitución. El Tribunal resolvió que el precepto no adolece de inconstitucionalidad de forma, que su aplicación como norma decisoria litis en ese proceso no es contraria a la Constitución, y que la sentencia previa de 19 de agosto de 1997 es compatible con la de 6 de septiembre de 1983. En consecuencia, rechazó el requerimiento y la acción de cosa juzgada, y dejó sin efecto la suspensión del procedimiento decretada.
Tribunal ConstitucionalINAAcción De InconstitucionalidadAutoresCotizaciones De SaludDominio PúblicoDerecho De La Seguridad SocialIncompatibilidad De Parlamentario
Preguntas frecuentes
¿Es inconstitucional el artículo 96 del Código de Minería por aplicarse como norma decisoria en un juicio civil?
En este caso, el Tribunal Constitucional resolvió que el artículo 96 del Código de Minería no adolece de inconstitucionalidad de forma y que su aplicación como norma decisoria litis en ese proceso no es contraria a la Constitución. Por ello rechazó el requerimiento.
¿Puede el Tribunal Constitucional revisar una norma ya tratada en una sentencia anterior, bajo la figura de cosa juzgada constitucional?
En este caso, el Tribunal conoció una acción de cosa juzgada constitucional y concluyó que la sentencia de 1997 es compatible con la de 1983 sobre la misma materia. Rechazó la acción y dejó sin efecto la suspensión del procedimiento.
¿Qué efecto tiene un requerimiento de inconstitucionalidad rechazado sobre la suspensión de un proceso civil pendiente?
En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento y dejó sin efecto la suspensión del procedimiento que se había decretado en el juicio civil pendiente. El proceso pudo así continuar su tramitación.
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