Resumen
La resolución del Tribunal Constitucional rechaza el requerimiento de inaplicabilidad del artículo 470, inciso primero, del Código del Trabajo, argumentando que la exclusión de la excepción de falta de requisitos o condiciones para que un título tenga fuerza ejecutiva no vulnera el derecho al debido proceso ni el derecho de defensa del ejecutado, establecidos en el artículo 19 N° 3 de la Constitución. La Ratio Decidendi se centra en que la norma cuestionada responde a la lógica de los principios formativos del procedimiento laboral, como el impulso procesal de oficio, la celeridad y la buena fe, los cuales buscan proteger los derechos del trabajador como parte más débil de la relación laboral, evitando dilaciones indebidas y asegurando una ejecución rápida y efectiva de los derechos reconocidos en el ámbito laboral. Además, el Tribunal señala que el juez laboral tiene herramientas procesales suficientes para garantizar el debido proceso y la defensa del ejecutado, como la facultad de examinar el título ejecutivo, denegar la ejecución si el título no cumple con los requisitos legales, y decretar pruebas de oficio para evitar la indefensión de las partes. Los Obiter Dicta incluyen la consideración de que la exclusión de ciertas excepciones en el procedimiento laboral no es arbitraria ni carente de razonabilidad, sino que está justificada por la necesidad de equilibrar la relación entre empleador y trabajador, y que el diseño del procedimiento ejecutivo laboral busca superar las deficiencias del régimen anterior, donde los derechos de los trabajadores eran frecuentemente burlados. Asimismo, se destaca que el legislador tiene la facultad de establecer un sistema de excepciones cerrado (numerus clausus) en procedimientos laborales, siempre que se respeten las garantías constitucionales. Finalmente, se enfatiza que el juez laboral no es un mero ejecutor mecánico, sino que tiene la obligación de analizar el título ejecutivo y garantizar un procedimiento justo y equitativo, lo que refuerza la compatibilidad de la norma impugnada con los principios constitucionales.