El Consejo para la Transparencia acogió un amparo deducido contra el Gobierno Regional…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2023
Resumen
El Consejo para la Transparencia acogió un amparo deducido contra el Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, que había denegado el acceso a información sobre asignaciones directas del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) en el período y con el detalle solicitados. El órgano alegó la causal de distracción indebida, pero el Consejo la desestimó por tratarse de información de naturaleza pública, siguiendo el criterio de la decisión de amparo C9333-22. Se ordenó la entrega previo tarjado de datos personales y sensibles de contexto, conforme al principio de divisibilidad y a la Ley de Protección de la Vida Privada. Asimismo, se advirtió la sanción del artículo 46 de la Ley de Transparencia en caso de incumplimiento, y se fijaron las vías para acreditar la entrega y para reclamar de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones correspondiente.
Normas citadas
Ley N° 20.285
Ley N° 19.880
Ley N° 19.628
Resolución Ex. N° 64
Resolución Ex. N° 293
Resolución Ex. N° 25
Resolución Ex. N° 292
Ley N° 18.575
amparoDecisión de Fondo
Preguntas frecuentes
¿Puede un gobierno regional negarse a entregar información sobre asignaciones directas del FNDR alegando distracción indebida?
En este caso, el Consejo para la Transparencia desestimó la causal de distracción indebida, porque se trataba de información de naturaleza pública, y ordenó la entrega de lo solicitado.
¿Qué datos deben tarjarse cuando se entrega información pública que contiene datos personales?
En este caso, el Consejo ordenó entregar la información previo tarjado de datos personales y sensibles de contexto, aplicando el principio de divisibilidad y la Ley de Protección de la Vida Privada.
¿Qué ocurre si un organismo público no cumple una decisión de amparo del Consejo para la Transparencia?
En este caso, el Consejo advirtió la sanción del artículo 46 de la Ley de Transparencia en caso de incumplimiento y fijó las vías para acreditar la entrega y reclamar de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones.
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