Resumen
La empresa Aguas del Altiplano S.A. reclamó contra la Dirección General de Aguas por negarse a modificar un cauce, pidiendo que no se le aplicara el procedimiento de regularización por tratarse, según alegaba, de obras construidas por un órgano del Estado. La Corte de Apelaciones de Arica rechazó la reclamación y la empresa recurrió de casación en la forma y en el fondo. La Corte Suprema declaró inadmisible la casación en la forma, por ser improcedente en juicios regidos por leyes especiales como el Código de Aguas, y rechazó la de fondo por falta de fundamento. Consideró que la modificación del cauce fue realizada por un particular, por lo que debía cumplir los artículos 41 y 171 del Código de Aguas. Concluyó que la DGA actuó dentro de su competencia al requerir antecedentes reiteradamente y, ante su falta de entrega, entender que existía falta de interés y denegar fundadamente la solicitud. Se confirmó la sentencia de alzada.