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La Corte Suprema conoció de la apelación en un recurso de protección interpuesto por un…

Sentencia · Corte Suprema · 2026

Resumen

La Corte Suprema conoció de la apelación en un recurso de protección interpuesto por una recurrente que reclamaba una omisión ilegal o arbitraria de la recurrida, por haber tardado más de seis meses en responder su solicitud, conforme al artículo 27 de la Ley N°19.880. El tribunal sostuvo que la acción constitucional no sirve para acelerar, corregir o sustituir procedimientos administrativos en curso en los que aún no se ha dictado un acto terminal. Recordó que la Ley N°19.880 contempla el silencio administrativo, positivo y negativo (artículos 64 y 65), como mecanismo para evitar la indefensión ante demoras, y advirtió que acoger la pretensión podría vulnerar la igualdad ante la ley (artículo 19 N°2 de la Constitución) al dar prioridad a quien recurre. Concluyó que no existe omisión ilegal o arbitraria imputable a la recurrida y confirmó la sentencia apelada, rechazando la acción.

Normas citadas

  • Art. 27 Ley N°19.880
  • Art. 64 Ley N°19.880
  • Art. 65 Ley N°19.880
  • Art. 19 N°2 Constitución Política de la República
  • Art. 20 Constitución Política de la República
(CIVIL) APELACIÓN PROTECCIÓNTERCERA, CONSTITUCIONAL

Preguntas frecuentes

¿Procede un recurso de protección para exigir que la Administración responda una solicitud que lleva más de seis meses sin resolverse?

En este caso, la Corte Suprema sostuvo que el recurso de protección no sirve para acelerar, corregir o sustituir procedimientos administrativos en curso sin acto terminal, y rechazó la acción por no existir omisión ilegal o arbitraria. Recordó que la Ley N°19.880 contempla el silencio administrativo como mecanismo frente a la demora.

¿Qué mecanismo ofrece la Ley N°19.880 frente a la demora de la Administración en responder una solicitud?

La Corte Suprema recordó que la Ley N°19.880 contempla el silencio administrativo, positivo y negativo (artículos 64 y 65), para evitar la indefensión ante demoras. Lo destacó como alternativa que el ordenamiento ya prevé frente a la tardanza administrativa.

¿Puede el juez de protección dar prioridad a una persona en la tramitación de un procedimiento administrativo?

En este caso, la Corte Suprema advirtió que acoger la pretensión podría vulnerar la igualdad ante la ley (artículo 19 N°2 de la Constitución), al dar prioridad a quien recurre. Por ello confirmó el rechazo de la acción.

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