La Tercera Sala de la Corte Suprema conoció la apelación de una acción de protección pr…
Sentencia · Corte Suprema · 2026
Resumen
La Tercera Sala de la Corte Suprema conoció la apelación de una acción de protección presentada por una recurrente que alegó la falta de tramitación u omisión ilegal o arbitraria de la entidad recurrida, por la demora superior a seis meses en responder su solicitud, invocando el artículo 27 de la Ley N°19.880. El tribunal concluyó que la acción constitucional no tiene por objeto acelerar, corregir o sustituir procedimientos administrativos en curso de los que no haya derivado un acto terminal calificado de ilegal o arbitrario, y que la propia Ley N°19.880 contempla el silencio administrativo, positivo y negativo, en sus artículos 64 y 65, como mecanismo para resguardar al administrado frente a demoras injustificadas. Advirtió además que acoger este tipo de requerimientos podría vulnerar la igualdad ante la ley del artículo 19 N°2 de la Constitución, al otorgar prioridad a quienes recurren por esta vía frente a otros administrados. En consecuencia, estimó que no se configuraba la omisión ilegal o arbitraria imputada y confirmó la sentencia apelada.
¿Sirve la acción de protección para acelerar un procedimiento administrativo que lleva meses sin resolverse?
En este caso, la Corte Suprema sostuvo que la acción constitucional no tiene por objeto acelerar, corregir o sustituir procedimientos administrativos en curso de los que no haya derivado un acto terminal calificado de ilegal o arbitrario.
¿Qué mecanismo resguarda al administrado frente a la demora injustificada de la Administración?
En este caso, la Corte Suprema señaló que la propia Ley N°19.880 contempla el silencio administrativo, positivo y negativo, en sus artículos 64 y 65, como mecanismo para resguardar al administrado frente a demoras injustificadas.
¿Puede acogerse una acción de protección por demora administrativa sin vulnerar la igualdad ante la ley?
En este caso, la Corte Suprema advirtió que acoger este tipo de requerimientos podría vulnerar la igualdad ante la ley del artículo 19 N°2 de la Constitución, al otorgar prioridad a quienes recurren por esta vía frente a otros administrados.
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