La Corte Suprema conoció de una apelación de protección interpuesta por una recurrente…
Sentencia · Corte Suprema · 2026
Resumen
La Corte Suprema conoció de una apelación de protección interpuesta por una recurrente que reclamaba una supuesta omisión ilegal o arbitraria de la autoridad administrativa recurrida, por una demora superior a seis meses en responder su solicitud, invocando el artículo 27 de la Ley N°19.880. El tribunal sostuvo que la acción de protección no tiene por objeto acelerar, corregir o sustituir procedimientos administrativos en curso que no han derivado en un acto terminal ilegal o arbitrario, pues la propia ley contempla el silencio administrativo, positivo y negativo (artículos 64 y 65), para resguardar al administrado frente a demoras injustificadas. Agregó que acoger requerimientos de esa naturaleza podría vulnerar la igualdad ante la ley (artículo 19 N°2 de la Constitución). En consecuencia, concluyó que no existía omisión ilegal o arbitraria imputable a la recurrida y confirmó la sentencia apelada, rechazando la acción.
¿Procede un recurso de protección para exigir que la Administración resuelva con rapidez una solicitud que lleva meses sin respuesta?
En este caso, la Corte Suprema sostuvo que la acción de protección no sirve para acelerar o sustituir un procedimiento administrativo en curso que no ha terminado en un acto ilegal o arbitrario. Señaló que la Ley N°19.880 ya contempla el silencio administrativo, positivo y negativo, como resguardo frente a demoras injustificadas, por lo que rechazó la acción.
¿Qué remedio tiene una persona cuando la autoridad administrativa no responde su solicitud dentro del plazo legal?
La Corte Suprema indicó que la Ley N°19.880 regula el silencio administrativo, positivo y negativo, precisamente para proteger al administrado ante demoras injustificadas. En este caso, el tribunal entendió que ese mecanismo legal era la vía aplicable y no existía omisión ilegal o arbitraria imputable a la autoridad.
¿Puede acogerse un recurso de protección por demora administrativa sin afectar la igualdad ante la ley?
En este caso, la Corte Suprema advirtió que acoger requerimientos de esta naturaleza podría vulnerar la igualdad ante la ley, consagrada en el artículo 19 N°2 de la Constitución. Por eso, confirmó la sentencia apelada y rechazó la acción de protección.
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