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La Corte Suprema conoció la apelación de una acción de protección en que la recurrente…

Sentencia · Corte Suprema · 2026

Resumen

La Corte Suprema conoció la apelación de una acción de protección en que la recurrente reclamó una omisión ilegal o arbitraria de la autoridad administrativa, que tardó más de seis meses en responder su solicitud, invocando el artículo 27 de la Ley N°19.880. El tribunal rechazó la pretensión y confirmó la sentencia apelada. Razonó que la acción de protección no sirve para acelerar o sustituir procedimientos administrativos en curso que no han concluido con un acto terminal ilegal o arbitrario. Indicó que la Ley N°19.880 contempla el silencio administrativo, positivo y negativo (artículos 64 y 65), como mecanismo para resguardar al administrado ante la demora. Agregó que acoger estas pretensiones podría vulnerar la igualdad ante la ley (artículo 19 N°2 de la Constitución), al priorizar a unos administrados sobre otros. Concluyó que no existía omisión ilegal o arbitraria imputable a la recurrida.

Normas citadas

  • Art. 27 Ley N°19.880
  • Art. 64 Ley N°19.880
  • Art. 65 Ley N°19.880
  • Art. 19 N°2 Constitución Política de la República
  • Art. 20 Constitución Política de la República
(CIVIL) APELACIÓN PROTECCIÓNTERCERA, CONSTITUCIONAL

Preguntas frecuentes

¿Procede una acción de protección para acelerar un procedimiento administrativo que lleva mucho tiempo sin respuesta?

En este caso, la Corte Suprema sostuvo que la acción de protección no sirve para acelerar o sustituir procedimientos administrativos en curso que no han concluido con un acto terminal ilegal o arbitrario. Rechazó la pretensión y confirmó la sentencia apelada.

¿Qué mecanismo protege al administrado frente a la demora de la Administración en resolver su solicitud?

En este caso, la Corte Suprema indicó que la Ley N°19.880 contempla el silencio administrativo, positivo y negativo, como mecanismo para resguardar al administrado ante la demora. Por eso no apreció una omisión ilegal o arbitraria imputable a la recurrida.

¿Puede un tribunal acoger una acción de protección que priorice a un administrado frente a otros en la tramitación administrativa?

En este caso, la Corte Suprema advirtió que acoger estas pretensiones podría vulnerar la igualdad ante la ley del artículo 19 N°2 de la Constitución, al priorizar a unos administrados sobre otros. Esa consideración fue parte de los fundamentos para rechazar el recurso.

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