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La Corte Suprema conoció de una apelación en materia de protección de derechos, en la q…

Sentencia · Corte Suprema · 2026

Resumen

La Corte Suprema conoció de una apelación en materia de protección de derechos, en la que se discutía la supuesta falta de tramitación u omisión ilegal o arbitraria de un organismo recurrido, por la tardanza de más de seis meses en responder una solicitud administrativa. El tribunal razonó que la acción constitucional no tiene por objeto acelerar, corregir o sustituir procedimientos administrativos en curso cuando no existe un pronunciamiento o acto terminal calificable de ilegal o arbitrario. Señaló que la Ley N°19.880 contempla el silencio administrativo, positivo y negativo, como mecanismo específico para evitar la indefensión del administrado ante demoras injustificadas, y advirtió que acoger este tipo de requerimientos podría vulnerar la igualdad ante la ley del artículo 19 N°2 de la Constitución. Concluyó que no se configura una omisión ilegal o arbitraria imputable a la parte recurrida, por lo que revocó la sentencia apelada y rechazó la acción deducida.

Normas citadas

  • Art. 20 Constitución Política de la República
  • Art. 19 N°2 Constitución Política de la República
  • Art. 27 Ley N°19.880
  • Art. 64 Ley N°19.880
  • Art. 65 Ley N°19.880
(CIVIL) APELACIÓN PROTECCIÓNTERCERA, CONSTITUCIONAL

Preguntas frecuentes

¿Se puede usar el recurso de protección para obligar a un organismo público a responder una solicitud administrativa que lleva mucho tiempo pendiente?

En este caso, la Corte Suprema rechazó la acción porque la protección no tiene por objeto acelerar, corregir o sustituir procedimientos administrativos en curso cuando no hay un pronunciamiento terminal ilegal o arbitrario.

¿Qué mecanismo existe ante la demora injustificada de la administración para evitar la indefensión del administrado?

La Corte Suprema señaló que la Ley N°19.880 contempla el silencio administrativo, positivo y negativo, como mecanismo específico para evitar la indefensión ante demoras injustificadas.

¿Es arbitrario que un organismo público no responda una solicitud administrativa dentro de un plazo razonable?

En este caso, la Corte Suprema concluyó que no se configura una omisión ilegal o arbitraria imputable al organismo recurrido, por lo que revocó la sentencia apelada y rechazó la acción deducida.

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