El Consejo para la Transparencia resolvió un amparo presentado por una ciudadana en con…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2024
Resumen
El Consejo para la Transparencia resolvió un amparo presentado por una ciudadana en contra de la Subsecretaría de Educación, relacionado con información sobre los correctores de un proceso de evaluación. Se acogió parcialmente el amparo: los antecedentes profesionales de los correctores se tuvieron por entregados, aunque de forma extemporánea, en atención a lo informado por el órgano durante el procedimiento. Se rechazó, en cambio, la solicitud de entregar la identidad de los correctores, por configurarse las causales de reserva o secreto del artículo 21 N°1 y N°2 de la Ley de Transparencia, esta última en relación con la Ley N°19.628 sobre protección de la vida privada. La decisión se fundó en criterios de decisiones anteriores del Consejo. Contra esta resolución procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones correspondiente.
Normas citadas
Ley 19628 1999 - Ley de protección de la vida privada
Ley de Transparencia
amparoDecisión de FondoEducación
Preguntas frecuentes
¿Se puede pedir por Ley de Transparencia la identidad de los correctores de un proceso de evaluación pública?
En este caso, el Consejo para la Transparencia rechazó entregar la identidad de los correctores, porque se configuraron las causales de reserva o secreto del artículo 21 N°1 y N°2 de la Ley de Transparencia, esta última en relación con la Ley N°19.628 sobre protección de la vida privada.
¿Qué pasa si un organismo público entrega la información solicitada fuera de plazo en una solicitud de transparencia?
En este caso, el Consejo acogió parcialmente el amparo y tuvo por entregados los antecedentes profesionales de los correctores, aunque de forma extemporánea, en atención a lo informado por el órgano durante el procedimiento.
¿Contra qué resolución del Consejo para la Transparencia procede reclamar?
En este caso, la resolución indica que contra la decisión del Consejo procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones correspondiente. La decisión se fundó además en criterios de decisiones anteriores del Consejo.
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