Resumen
La Contraloría General de la República desestimó una solicitud de reconsideración de un dictamen que había confirmado el rechazo de una patente definitiva, por existir construcciones sin permiso de obra ni recepción final. Al resolver, el organismo indicó que el municipio debe sancionar y cobrar la patente correspondiente a las actividades ejercidas sin habilitación, y que en este caso el local debió ser clausurado y multado por operar sin permisos, y no por no pago de patente, porque la patente provisoria otorgada había perdido vigencia tras exceder el plazo permitido. Además, ordenó a la Municipalidad de Estación Central instruir un procedimiento disciplinario por el otorgamiento de patentes provisorias por más de un año. Finalmente, declaró improcedente el recurso jerárquico del artículo 10 de la Ley N° 18.575, porque el acto impugnado emanó del Contralor General, máxima autoridad del servicio, y no existe un órgano superior.