Resumen
La Contraloría General de la República rechazó una solicitud de reconsideración de un dictamen que concluyó que una municipalidad no puede, mediante ordenanza local, imponer para una actividad gravada con patente comercial exigencias adicionales a las que la ley y los reglamentos ya establecen para obtener la autorización correspondiente. La recurrente sostenía que los requisitos buscaban evitar el mal uso del giro autorizado, que contaban con acuerdo del concejo, que existía un plazo de adecuación para locales en funcionamiento y que no vulneraban el artículo 19 N° 21 de la Constitución. El organismo估 estimó que estas alegaciones ya habían sido formuladas por la municipalidad y atendidas en el pronunciamiento original, por lo que no constituían nuevos antecedentes. Respecto de una sentencia judicial invocada, indicó que, por el efecto relativo de las sentencias, sólo obliga a quienes fueron parte en esa causa y no altera su doctrina para terceros. Por ello, reiteró las conclusiones del dictamen impugnado.