La Contraloría General de la República se pronunció sobre la legalidad de una norma de…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2010
Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la legalidad de una norma de la Ordenanza de la Municipalidad de Santiago que imponía exigencias para el funcionamiento de locales con cabinas de internet. El órgano recordó que los municipios, al dictar ordenanzas, no pueden sobrepasar los límites fijados por la Constitución, las leyes y los reglamentos, y que el artículo 19 N° 21 de la Carta Fundamental garantiza el derecho a desarrollar actividades económicas lícitas. Según su jurisprudencia reiterada, los municipios no pueden imponer mayores exigencias que las legal y reglamentariamente previstas para autorizar actividades afectas a patente municipal. Por ello concluyó que los requisitos cuestionados no se ajustaban a derecho y ordenó a la autoridad edilicia modificar la norma impugnada y cualquier otra disposición que establezca limitaciones no previstas en el ordenamiento. Además, indicó que el objetivo de evitar el mal uso del giro puede lograrse mediante las atribuciones inspectivas municipales.
Normas citadas
dl 3063/79 art/26 inc/2
dto 2385/96 inter
pol art/6
pol art/7 dto 100/2005 sepre
ley 18575 art/2
dfl 1/19653/2000 sepre ley 18695 art/12
dfl 1/2006 inter
pol art/19 num/21
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿Puede una municipalidad exigir requisitos adicionales para funcionar a locales con cabinas de internet?
En este caso, la Contraloría General de la República concluyó que los requisitos impuestos por la Ordenanza de la Municipalidad de Santiago para locales con cabinas de internet no se ajustaban a derecho, porque los municipios no pueden imponer mayores exigencias que las previstas legal y reglamentariamente para actividades afectas a patente municipal.
¿Qué límites tienen las ordenanzas municipales al regular actividades económicas?
En este caso, el órgano recordó que las municipalidades no pueden sobrepasar los límites fijados por la Constitución, las leyes y los reglamentos al dictar ordenanzas, y que el artículo 19 N° 21 de la Carta Fundamental garantiza el derecho a desarrollar actividades económicas lícitas.
¿Qué debe hacer un municipio si una ordenanza impone limitaciones no previstas en la ley?
En este caso, la Contraloría ordenó a la autoridad edilicia modificar la norma impugnada y cualquier otra disposición que establezca limitaciones no previstas en el ordenamiento, indicando además que el mal uso del giro puede prevenirse mediante las atribuciones inspectivas municipales.
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