Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la reclamación de una peticionaria que denunció no haber sido notificada oficialmente por la Municipalidad de Santiago de la pérdida de uno de sus locales, tras la alteración de un permiso precario. El organismo reconoce que la municipalidad actúa dentro de su competencia, pero concluye que esa decisión debe materializarse en un acto administrativo formal, conforme a la ley N° 19.880 y a la ley N° 18.695, que denomina decretos alcaldicios a estas resoluciones. Como no constaba que se hubiera dictado el decreto respectivo, ordenó que, de no haberse emitido, la municipalidad lo dicte a la brevedad, lo notifique válidamente a la recurrente e informe a la Contraloría dentro de 15 días.