La Contraloría General de la República acogió el reclamo de un trabajador contra la Mun…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2016
Resumen
La Contraloría General de la República acogió el reclamo de un trabajador contra la Municipalidad de Santiago, que mediante resolución N° 2.664 de 2015 puso término a su permiso de uso de un bien nacional de uso público, fundado en la supuesta infracción de la ordenanza local por arriendo o cesión del permiso. El ente contralor determinó que el acto administrativo no se ajustó a derecho, pues de los antecedentes acompañados por el propio municipio no constaban las fechas ni el número de visitas de fiscalización, por lo que no se acreditaron las infracciones que motivaron la terminación del permiso. Se ordenó al municipio arbitrar las medidas para regularizar la situación e informar a la Unidad de Seguimiento de la División de Municipalidades en un plazo de 20 días hábiles.
Normas citadas
ley 18695 art/63 lt/f
ley 18695 art/63 lt/g
ley 18695 art/36
dl 3063/79 art/23
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿Puede una municipalidad poner término a un permiso de uso de bien nacional de uso público si no acredita las infracciones que lo motivan?
No. En este caso, la Contraloría General de la República determinó que la resolución municipal no se ajustó a derecho, porque el propio municipio no acompañó fechas ni número de visitas de fiscalización que acreditaran la infracción invocada.
¿Qué efecto tiene la falta de antecedentes de fiscalización en una terminación de permiso municipal?
En este caso, la Contraloría sostuvo que sin constancia de las fechas y del número de visitas de fiscalización no se probaron las infracciones, por lo que el acto de término del permiso no era conforme a derecho.
¿Qué debe hacer una municipalidad cuando la Contraloría acoge un reclamo contra la terminación de un permiso de uso?
En este caso, la Contraloría ordenó al municipio arbitrar medidas para regularizar la situación e informar a la Unidad de Seguimiento de la División de Municipalidades en un plazo de 20 días hábiles.
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Dictamen · Contraloría General de la República · 2015
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