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La Contraloría General de la República resolvió una denuncia sobre el otorgamiento de p…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2015

Resumen

La Contraloría General de la República resolvió una denuncia sobre el otorgamiento de permisos de ocupación de bienes nacionales de uso público por la Municipalidad de Estación Central a personas jurídicas. Desestimó la reclamación de la recurrente sobre un punto, al no advertir contradicción entre las disposiciones de la ordenanza municipal aplicable, que permite a las empresas contratar personas naturales para ejercer el giro en su nombre. Respecto del sumario ordenado instruir, informó que no fue posible hacer efectiva la responsabilidad administrativa de los funcionarios involucrados en la firma de un convenio con una empresa comercial, porque dejaron de pertenecer a la municipalidad antes de iniciado el proceso y la acción disciplinaria se encontraba prescrita. La solicitud de investigar fichas de protección social se remitió a la unidad técnica de control externo para futuras fiscalizaciones. Finalmente, declaró que la calificación de los hechos como delito corresponde al Ministerio Público, por lo que no se pronunció sobre ello.

Normas citadas

  • ley 18695 art/63 lt/g
ContraloríaCGRdictamengenera jurisprudencia

Preguntas frecuentes

¿Una municipalidad puede permitir que una empresa ejerza un permiso de ocupación de bien nacional de uso público a través de una persona natural contratada?

En este caso, la Contraloría desestimó la reclamación porque no advirtió contradicción entre la ordenanza municipal aplicable y la posibilidad de que las empresas contraten personas naturales para ejercer el giro en su nombre.

¿Prescribe la responsabilidad administrativa de funcionarios municipales que dejan el cargo antes de iniciarse un sumario?

En este caso, la Contraloría informó que no fue posible hacer efectiva la responsabilidad administrativa de los funcionarios que firmaron un convenio con una empresa comercial, porque ya no pertenecían a la municipalidad cuando se inició el proceso y la acción disciplinaria estaba prescrita.

¿Qué hace la Contraloría cuando se le pide investigar hechos que podrían constituir delito en un proceso administrativo municipal?

En este caso, la Contraloría declaró que la calificación de los hechos como delito corresponde al Ministerio Público, por lo que no se pronunció sobre ello, y remitió la solicitud de investigar fichas de protección social a la unidad técnica de control externo para futuras fiscalizaciones.

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