Resumen
La Contraloría General de la República confirmó su dictamen N° 97.773, de 2014, que había declarado improcedente que el Ministerio de Salud regulara, mediante un decreto exento, un procedimiento administrativo. El órgano fiscalizador estimó que se trata de una materia propia de la potestad reglamentaria del Presidente de la República, facultad indelegable. Por ello, el decreto no podía dictarse bajo la fórmula «Por orden del Presidente de la República» ni eludir la toma de razón, y debía someterse a ese control preventivo. Asimismo, indicó que el decreto N° 3, de 2010, no puede interpretarse de modo que permita regular procedimientos mediante normas técnicas, en respeto a la supremacía constitucional. Se ordenó al Ministerio ajustar sus actuaciones e informar en 30 días hábiles.