Resumen
La Contraloría General de la República se abstuvo de dar curso a la resolución N° 118, de 2012, del Instituto de Previsión Social, que aplicaba la medida disciplinaria de destitución a un funcionario. El organismo constató que, en la investigación sumaria, el afectado no fue emplazado para prestar declaración, no se le formularon cargos y no tuvo oportunidad de impugnar la sanción, pues tampoco se dictó la resolución exenta que la determinara. Por esas omisiones, la Contraloría estimó infringidos los artículos 126, 140 inciso tercero y 141 de la ley N° 18.834 y representó el acto administrativo.