Resumen
La Contraloría General de la República conoció el reclamo de un funcionario del Instituto de Previsión Social sancionado con destitución mediante la resolución de ese organismo. El órgano de control constató que el procedimiento sumarial se tramitó conforme a la normativa aplicable, con investigación, descargos, rendición de pruebas y un recurso de reposición resuelto fundadamente. La conducta fue acreditada con declaraciones de terceros y con el reconocimiento del propio sancionado, quien admitió haber asesorado a una persona sobre cómo obtener beneficios previsionales y haber pedido a un tercero que figurara como su empleador. Las alegaciones sobre la gravedad de la falta, ya ponderadas en el sumario, y las circunstancias personales, familiares, económicas y de salud, fueron desestimadas por ser ajenas al control de legalidad. Al no advertir ilegalidad, arbitrariedad ni falta de proporcionalidad, la Contraloría desestimó la presentación y cursó la resolución por ajustarse a derecho. Además, ordenó que se efectúe la denuncia al Ministerio Público por hechos que podrían constituir delito.