Resumen
La Contraloría General de la República restituyó a la Municipalidad de Recoleta el decreto N° 1.378, de 2011, mediante el cual el municipio aplicó a un funcionario municipal la medida disciplinaria de censura. La medida derivaba de una investigación sumaria instruida por la Contraloría por infracciones al decreto ley N° 799, de 1974, que regula el uso y circulación de vehículos estatales. El organismo fundamentó su decisión en su jurisprudencia reiterada, según la cual la facultad de investigar y de absolver o sancionar por contravenciones a ese decreto ley es de competencia exclusiva de la Contraloría. Por ello, la dictación del decreto municipal resultó legalmente improcedente, pues al municipio solo le correspondía notificar la resolución contralora que ya había aplicado la censura, dispuesta en la resolución N° 861, de 2011, tomada de razón en agosto de ese año. En consecuencia, el decreto debe dejarse sin efecto.