Resumen
La Contraloría General de la República desestimó una reclamación de un funcionario municipal que pretendía dejar sin efecto una sanción disciplinaria de la Municipalidad de San Miguel, dictada tras un sumario administrativo. El organismo señaló que no es una instancia procesal para anular actos de la autoridad edilicia que se basan en hechos ya investigados en el sumario, aunque sí debe velar por la legalidad del procedimiento. Sobre la apreciación de las pruebas y las atenuantes alegadas, declaró que son asuntos de mérito reservados a la autoridad municipal, de acuerdo con la Ley N° 18.695 y la Ley N° 18.883. Respecto de la legalidad del sumario, constató que se respetó el derecho a defensa: el reclamante prestó declaración, fue formalmente acusado, presentó descargos e interpuso reposición. Además, precisó que solo el acto terminal de absolución, sobreseimiento o sanción está sujeto a toma de razón, y no el decreto que rechaza la reposición, que es un acto interno del sumario.