Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre los decretos alcaldicios N°s. 181 y 182, de 2012, de la Municipalidad de San Bernardo, que aplicaban a dos funcionarios la medida disciplinaria de multa al término de un sumario administrativo. El organismo había propuesto sanciones de multa más severas, y el artículo 133 bis de la Ley N° 10.336 exige que el alcalde, si impone una sanción distinta, lo haga mediante resolución fundada sujeta a toma de razón. La Contraloría concluyó que los decretos no expresaban las razones que justificaban la rebaja, por lo que no cumplían el requisito de fundamentación. En consecuencia, se abstuvo de tomar razón de ellos, los restituyó para que se dejen sin efecto y se dicten otros ajustados a la legalidad. Además, señaló que los instrumentos debían indicar expresamente su carácter de afectos a toma de razón, lo que no ocurrió.