El Tribunal Constitucional acogió parcialmente un requerimiento sobre la disposición de…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2011
Resumen
El Tribunal Constitucional acogió parcialmente un requerimiento sobre la disposición del artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, que excluía de la aplicación de penas sustitutivas a ciertos delitos. La mayoría sostuvo que el derecho a punir del Estado está limitado por principios constitucionales como la dignidad humana, la proporcionalidad de las penas y la reinserción social, y que la privación de libertad debe ser una medida de última ratio. Estimó que la exclusión total de esos beneficios, sin considerar la gravedad concreta del delito y la pena impuesta, vulnera la racionalidad y justicia garantizadas en los artículos 19 N°s 2° y 3° inciso sexto de la Constitución. Según el resumen, el fallo acoge el requerimiento solo en parte, por lo que la disposición no se declaró inconstitucional en su totalidad.
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Preguntas frecuentes
¿Es constitucional excluir de forma absoluta las penas sustitutivas para ciertos delitos sin considerar la pena impuesta?
En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que esa exclusión total vulnera la racionalidad y justicia garantizadas por la Constitución, porque no considera la gravedad concreta del delito ni la pena aplicada. Acogió el requerimiento solo en parte, por lo que la disposición no fue declarada inconstitucional en su totalidad.
¿Puede el legislador limitar el derecho a punir del Estado en función de la dignidad humana y la reinserción social?
En este caso, el Tribunal sostuvo que el derecho a punir del Estado está limitado por principios constitucionales como la dignidad humana, la proporcionalidad de las penas y la reinserción social. Según esa mayoría, la privación de libertad debe ser una medida de última ratio.
¿Qué significa que un Tribunal Constitucional acoja un requerimiento solo parcialmente?
En este caso, el Tribunal acogió parcialmente el requerimiento sobre el inciso segundo del artículo 1° de la Ley N° 18.216. Esto significa que la disposición no se declaró inconstitucional en su totalidad, aunque una parte de su aplicación fue cuestionada.
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