El Tribunal Constitucional conoció una acción de inaplicabilidad por inconstitucionalid…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2011
Resumen
El Tribunal Constitucional conoció una acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de la expresión 'en forma absoluta' contenida en el artículo 9°, inciso segundo, de la Ley N° 21.226, en relación con la suspensión de audiencias en causas penales con personas privadas de libertad. La sentencia acoge el requerimiento, al estimar que dicha expresión imponía un impedimento absoluto para suspender audiencias, lo que restringía de manera desproporcionada el derecho a defensa y el debido proceso consagrados en el artículo 19 N° 3 de la Constitución. Según la mayoría, en el juicio oral la inmediación, la contradicción y la comunicación efectiva entre el imputado y su defensor son esenciales, y la videoconferencia puede limitar esas garantías. El fallo reconoce el contexto excepcional de la emergencia sanitaria, pero advierte que el uso de herramientas tecnológicas debe contar con resguardos suficientes para asegurar un juicio justo.
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Preguntas frecuentes
¿Puede un tribunal suspender audiencias penales con imputados privados de libertad durante la emergencia sanitaria?
En este caso, el Tribunal Constitucional acogió el requerimiento y estimó que la expresión 'en forma absoluta' de la Ley N° 21.226 impedía suspender audiencias de manera absoluta, lo que restringía desproporcionadamente el derecho a defensa y el debido proceso.
¿La realización de audiencias por videoconferencia afecta el derecho a defensa en el juicio penal?
Según la mayoría de este fallo, la inmediación, la contradicción y la comunicación efectiva entre imputado y defensor son esenciales en el juicio oral, y la videoconferencia puede limitar esas garantías, por lo que requiere resguardos suficientes.
¿Es constitucional una norma que prohíbe de forma absoluta suspender audiencias penales?
Este tribunal sostuvo que no lo es, porque la prohibición absoluta de suspender audiencias con personas privadas de libertad vulnera el artículo 19 N° 3 de la Constitución, aunque reconoció el contexto excepcional de la emergencia sanitaria.
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