El Tribunal Constitucional conoció una acción de inaplicabilidad por inconstitucionalid…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2011
Resumen
El Tribunal Constitucional conoció una acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del inciso segundo del artículo 1° de la Ley N° 18.216, que excluía de las penas sustitutivas a determinados delitos. La mayoría sostuvo que esa restricción vulnera la igualdad ante la ley, la proporcionalidad de las penas y el derecho a un procedimiento racional y justo, al impedir de forma desproporcionada el acceso a penas sustitutivas incluso en delitos menos graves, lo que resulta incompatible con la finalidad de reinserción social. Se argumentó que el derecho a punir del Estado debe respetar la dignidad humana y limitar las penas privativas de libertad a conductas graves. El fallo acogió la acción y declaró la inconstitucionalidad de la disposición impugnada en el caso concreto.
Normas citadas
artículo 199, inciso N/A, numeral N/A, letra N/A, párrafo N/A, frase "N/A", de DFL N° 1
Tribunal ConstitucionalINADerecho A La Protección De La Vida PrivadaTribunales De Justicia
Preguntas frecuentes
¿Es constitucional excluir de las penas sustitutivas a ciertos delitos sin considerar su gravedad?
En este caso, el Tribunal Constitucional acogió la acción y declaró inaplicable la norma que excluía de las penas sustitutivas a determinados delitos. Sostuvo que esa restricción vulnera la igualdad ante la ley, la proporcionalidad de las penas y el debido proceso, al impedir el acceso a estas penas incluso en delitos menos graves.
¿Puede una exclusión legal de penas sustitutivas afectar la reinserción social de la persona condenada?
Según este fallo, sí. El Tribunal sostuvo que la exclusión general de las penas sustitutivas resulta incompatible con la finalidad de reinserción social, porque limita las penas privativas de libertad a conductas graves y debe respetar la dignidad humana.
¿Qué límites tiene el derecho a punir del Estado frente a la dignidad humana?
En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que el derecho a punir del Estado debe respetar la dignidad humana y que las penas privativas de libertad deben reservarse para conductas graves. Por ello, declaró inconstitucional la disposición impugnada en el caso concreto.
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