El Tribunal Constitucional, por mayoría, acogió un requerimiento de inaplicabilidad por…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2020
Resumen
El Tribunal Constitucional, por mayoría, acogió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, que excluía de forma absoluta a ciertos delitos del acceso a penas sustitutivas. El tribunal estimó que esa exclusión total vulnera la igualdad ante la ley, el derecho a un procedimiento racional y justo y el principio de proporcionalidad de las penas, pues no considera la gravedad concreta del delito ni las características del imputado y limita indebidamente la facultad del juez para determinar la pena más idónea. Asimismo, señaló que la privación de libertad debe ser una medida de última ratio y que las penas sustitutivas, reforzadas por la Ley N° 20.603, son sanciones con intensidad propia y no impunidad, idóneas para la reinserción social y la protección de las víctimas.
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Preguntas frecuentes
¿Es constitucional que la ley excluya de forma absoluta a ciertos delitos del acceso a penas sustitutivas?
En este caso, el Tribunal Constitucional, por mayoría, acogió el requerimiento y estimó que esa exclusión total vulnera la igualdad ante la ley, el procedimiento racional y justo y la proporcionalidad de las penas, porque impide considerar la gravedad concreta del delito y las características del imputado.
¿Puede el juez quedar sin facultad para determinar la pena más idónea cuando una ley prohíbe de forma general las penas sustitutivas?
En este caso, el tribunal sostuvo que una exclusión absoluta limita indebidamente la facultad del juez para determinar la pena más idónea, por lo que la norma que la establecía fue declarada inaplicable por inconstitucional.
¿Las penas sustitutivas significan impunidad o pueden cumplir una finalidad sancionatoria?
En este caso, el Tribunal Constitucional señaló que las penas sustitutivas, reforzadas por la Ley N° 20.603, son sanciones con intensidad propia y no impunidad, idóneas para la reinserción social y la protección de las víctimas, y que la privación de libertad debe ser una medida de última ratio.
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