El Tribunal Constitucional acogió parcialmente un requerimiento de inaplicabilidad.
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2020
Resumen
El Tribunal Constitucional acogió parcialmente un requerimiento de inaplicabilidad. Declaró inconstitucional el artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, por vulnerar el principio de proporcionalidad de las penas (artículo 19, N° 3°, inciso sexto, de la Constitución), al restringir de forma desproporcionada el acceso a penas sustitutivas incluso en delitos de menor gravedad. Se argumentó que la privación de libertad debe ser excepcional y que las penas sustitutivas no implican impunidad, sino reinserción social. En cambio, rechazó la impugnación del artículo 17 B, inciso segundo, de la Ley N° 17.798, por estimar que no afecta la facultad del juez para individualizar la pena ni vulnera derechos fundamentales, pues el legislador puede fijar políticas criminales más severas dentro de márgenes constitucionales.
Tribunal ConstitucionalINAAdministracion PublicaAutoresCompetencia Y Jurisdiccion PenalDerecho AmbientalDerechos ImplicitosFunción Social De La Propiedad
Preguntas frecuentes
¿Es inconstitucional restringir el acceso a penas sustitutivas en delitos de menor gravedad?
En este caso, el Tribunal Constitucional acogió parcialmente el requerimiento y declaró inconstitucional el artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, por vulnerar el principio de proporcionalidad de las penas, al restringir de forma desproporcionada el acceso a penas sustitutivas incluso en delitos de menor gravedad.
¿Las penas sustitutivas implican impunidad para quien comete un delito?
En este caso, el Tribunal sostuvo que la privación de libertad debe ser excepcional y que las penas sustitutivas no implican impunidad, sino reinserción social.
¿El legislador puede establecer penas más severas sin vulnerar la facultad del juez para individualizar la pena?
En este caso, el Tribunal rechazó la impugnación del artículo 17 B, inciso segundo, de la Ley N° 17.798, por estimar que no afecta la facultad del juez para individualizar la pena ni vulnera derechos fundamentales, pues el legislador puede fijar políticas criminales más severas dentro de márgenes constitucionales.
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