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El Tribunal Constitucional acogió parcialmente una acción de inaplicabilidad.

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2020

Resumen

El Tribunal Constitucional acogió parcialmente una acción de inaplicabilidad. Respecto del artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, la mayoría lo declaró inaplicable por vulnerar los principios de proporcionalidad de las penas, igualdad ante la ley y racionalidad en la aplicación de sanciones penales, al considerar que la privación de libertad debe ser excepcional y que las penas sustitutivas buscan la reinserción social. En cambio, respecto del artículo 17 B, inciso segundo, de la Ley N° 17.798, la mayoría rechazó la impugnación, concluyendo que no afecta la individualización judicial de la pena ni el principio de culpabilidad, pues el legislador puede establecer marcos punitivos más severos para delitos de control de armas, en atención a fines legítimos de política criminal y seguridad pública, permitiendo al juez ponderar circunstancias atenuantes y agravantes.

Normas citadas

  • artículo 1, inciso 3, de Código del Trabajo
  • artículo 485, de Código del Trabajo
  • Constitución Política, artículo 7, inciso primero
  • Constitución Política, artículo 8, inciso primero
  • Constitución Política, artículo 19, inciso primero, numeral 1, inciso cuarto
  • Constitución Política, artículo 19, inciso segundo, numeral 6
  • Constitución Política, artículo 19, inciso tercero, numeral 6
  • Constitución Política, artículo 19, inciso primero, numeral 7
Tribunal ConstitucionalINAAcción De InconstitucionalidadAdministracion PublicaAutoresCompetencia Y Jurisdiccion PenalControl De Constitucionalidad De Proyectos De LeyDerecho A La Dignidad

Preguntas frecuentes

¿Puede el Tribunal Constitucional declarar inaplicable la prohibición de sustituir la pena privativa de libertad en delitos de control de armas?

En este caso, el Tribunal Constitucional declaró inaplicable el artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, por vulnerar los principios de proporcionalidad de las penas, igualdad ante la ley y racionalidad en la aplicación de sanciones penales, pues la privación de libertad debe ser excepcional y las penas sustitutivas buscan la reinserción social.

¿Es constitucional que la ley establezca marcos punitivos más severos para ciertos delitos de control de armas?

En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó la impugnación del artículo 17 B, inciso segundo, de la Ley N° 17.798, concluyendo que el legislador puede fijar penas más severas por fines legítimos de política criminal y seguridad pública, sin afectar la individualización judicial de la pena ni el principio de culpabilidad.

¿Puede el juez ponderar atenuantes y agravantes cuando la ley fija un marco penal más severo?

En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que el marco punitivo más severo no impide al juez ponderar las circunstancias atenuantes y agravantes, por lo que la individualización judicial de la pena se mantiene.

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