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El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2021

Resumen

El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 196 ter, inciso primero, segunda parte, de la Ley de Tránsito, que exige el cumplimiento efectivo de un año de privación de libertad antes de acceder a penas sustitutivas. La parte requirente sostenía que la norma era desproporcionada, vulneraba la igualdad ante la ley y el debido proceso, y limitaba la facultad judicial de individualizar la pena. El Tribunal, en cambio, rechazó el requerimiento. Reconoció la autonomía del legislador en materia de reserva legal de penas y concluyó que, en el caso concreto, los delitos imputados justifican excluir el acceso a la pena sustitutiva por su mayor reproche, sin que ello resulte discriminatorio ni carente de razonabilidad. Precisó además que la eventual pena a imponer corresponde al tribunal penal competente.

Normas citadas

  • artículo 196, inciso tercero, de Ley N° 18.290
  • Ley N° 18.216
  • Constitución Política, artículo 19, numeral 2, inciso primero
  • Constitución Política, artículo 19, numeral 3, inciso sexto
Tribunal ConstitucionalINApenas sustitutivasley de control de armasPrincipio de proporcionalidad de la PenaIgualdad ante la LeyDeterminación de la penaReinserción social

Preguntas frecuentes

¿Puede el Tribunal Constitucional invalidar una norma de penas por vulnerar la igualdad ante la ley y el debido proceso?

En este caso, el Tribunal no acogió esos reproches, pues estimó que la norma tiene una justificación razonable y respeta la igualdad ante la ley. Además, precisó que la determinación de la pena concreta corresponde al tribunal penal competente.

¿Limita la ley de tránsito la facultad del juez para individualizar la pena y aplicar penas sustitutivas?

En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que la norma no vulnera la facultad judicial de individualizar la pena, ya que la eventual pena a imponer corresponde al tribunal penal competente. Por ello, rechazó el requerimiento que alegaba esa limitación.

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