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La Contraloría General de la República tomó razón de la resolución N° 250 de 2011 del S…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2011

Resumen

La Contraloría General de la República tomó razón de la resolución N° 250 de 2011 del Servicio de Registro Civil e Identificación, que aplicó la medida disciplinaria de destitución y multa a los funcionarios sumariados. El interesado reclamó que la acción disciplinaria había prescrito y que la tramitación del sumario había sido excesivamente prolongada. El órgano contralor desestimó la prescripción porque, descontados los periodos de suspensión previstos en el Estatuto Administrativo, el plazo no se había cumplido a la fecha de la resolución sancionatoria. Sobre la demora, concluyó que los plazos administrativos no son fatales y que su inobservancia no invalida las actuaciones, sin perjuicio de las responsabilidades funcionarias que correspondan. Tampoco acogió el alegato de perjuicio por impedimento para postular a concursos, pues la sola existencia de un procedimiento disciplinario no inhabilita al funcionario para ejercer sus prerrogativas.

Normas citadas

  • ley 18834 art/158 inc/1
  • ley 18834 art/159 inc/1 ley 18834 art/159 inc/2
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Prescribe la acción disciplinaria en el Estatuto Administrativo si el sumario se extiende por mucho tiempo?

En este caso, la Contraloría General de la República desestimó la prescripción porque, descontados los periodos de suspensión previstos en el Estatuto Administrativo, el plazo no se había cumplido a la fecha de la resolución sancionatoria.

¿La demora en la tramitación de un sumario administrativo invalida el procedimiento disciplinario?

En este caso, la Contraloría sostuvo que los plazos administrativos no son fatales y que su inobservancia no invalida las actuaciones, sin perjuicio de las responsabilidades funcionarias que correspondan.

¿Un procedimiento disciplinario en curso impide a un funcionario postular a concursos?

En este caso, la Contraloría no acogió el alegato de perjuicio por impedimento para postular, pues sostuvo que la sola existencia de un procedimiento disciplinario no inhabilita al funcionario para ejercer sus prerrogativas.

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