La Contraloría General de la República cursó la resolución del Servicio de Registro Civ…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2010
Resumen
La Contraloría General de la República cursó la resolución del Servicio de Registro Civil e Identificación, que afinó un sumario administrativo y aplicó la medida de destitución a un funcionario de esa institución. El organismo estimó que la sanción se ajusta a la magnitud de las infracciones y a la relevancia del deber jurídico afectado. Desestimó la alegación de persecución, por cuanto una calificación desfavorable no constituye por sí misma acoso u hostigamiento y el funcionario no ejerció las instancias de defensa disponibles. Rechazó también la denuncia sobre una orden dejada sin efecto, por ser vaga y carecer de antecedentes que permitan configurar acoso laboral. Finalmente, descartó la infracción al artículo 156 de la ley N° 10.336, pues la prohibición de hacer efectiva una expulsión en el período electoral rige para el acto de término, que no podía producir efectos sino una vez vencido el plazo correspondiente.
Normas citadas
Ley 18834 art/137 inc/2
dfl 29/2004 hacie
ley 18834 art/61 lt/g ley 18575 art/52 inc/2
dfl 1/19653/2000 sepre
ley 10336 art/156
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿Puede la Contraloría cursar una destitución de un funcionario público si el sumario se afinó y las infracciones son graves?
En este caso, la Contraloría cursó la resolución del Servicio de Registro Civil que aplicó la destitución, estimando que la sanción se ajusta a la magnitud de las infracciones y a la relevancia del deber jurídico afectado.
¿Una calificación funcionaria desfavorable puede considerarse acoso laboral o persecución?
En este caso, la Contraloría sostuvo que una calificación desfavorable no constituye por sí misma acoso u hostigamiento, y que el funcionario tampoco ejerció las instancias de defensa disponibles.
¿Se infringe la prohibición de expulsar a un funcionario en período electoral si el acto de término se dicta en ese lapso?
En este caso, la Contraloría descartó la infracción al artículo 156 de la ley N° 10.336, pues la prohibición rige para el acto de término, que no podía producir efectos sino una vez vencido el plazo correspondiente.
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